Historia de la DCJA
La historia de la regulación de casinos y juegos de azar en la República Dominicana se remonta a la década de 1960. Antes de esa fecha, las actividades de apuesta carecían de una estructura regulatoria sólida. Tras la promulgación de la Ley núm. 351-64 en el año 1964, se marcó el punto de partida para la institucionalización del control estatal sobre los juegos de azar. Dicha ley no solo permitió, por primera vez, la operación legal de Salas de Juegos de Azar (casinos) en el país, sino que también creó la Comisión de Casinos, órgano encargado originalmente de evaluar y autorizar las licencias de casinos, asegurando que los operadores cumplieran con requisitos de honorabilidad y solvencia. En estos primeros años, la supervisión se centraba principalmente en los casinos turísticos, bajo la tutela de la entonces Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda), estableciéndose las bases de lo que, con el tiempo, sería la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA).
Durante las décadas siguientes, el marco legal fue adaptándose a los cambios en el sector. A finales de los 80, con el auge de nuevas formas de juego, se emitió la Ley núm. 96-88 (1988) para autorizar y regular la instalación de máquinas tragamonedas dentro de las Salas de Juegos de Azar (casinos). Esta reforma permitió diversificar la oferta de juegos en los casinos dominicanos, incorporando máquinas de juego electrónico bajo supervisión estatal. En los años 90, la expansión de las apuestas fuera del entorno de los casinos dio lugar a la aparición de bancas de lotería y de apuestas deportivas en todo el territorio. Inicialmente, estas operaciones tuvieron cierto grado de permisividad legal a través de disposiciones especiales: por ejemplo, la Ley núm. 80-99 (1999) y su modificación, así como la Ley núm. 140-02 (2002), establecieron un marco para las bancas de apuestas deportivas profesionales, vinculando su regulación con políticas fiscales de la época. Sin embargo, la proliferación de estos negocios planteó retos en términos de control y recaudación, lo que hizo evidente la necesidad de un ente regulador más abarcador dentro del Estado.
En 2006, la República Dominicana emprendió una reforma institucional importante con la Ley núm. 494-06, que reorganizó el Ministerio de Hacienda y consolidó en esta cartera las facultades sobre los juegos de azar. A partir de esta ley –complementada por el Decreto núm. 489-07, que estructuró funcionalmente el Ministerio– nació dentro del Ministerio de Hacienda la actual Dirección de Casinos y Juegos de Azar como unidad especializada. Esto significó que, desde 2006, la DCJA asumió de forma integral las funciones de supervisión e inspección de todas las modalidades de juegos de azar en el país, unificando competencias que antes podían estar dispersas. Históricamente, la Lotería Nacional administraba juegos de lotería y sorteos benéficos, mientras que el Ministerio de Deportes había llegado a otorgar permisos a bancas deportivas; tras la reforma de 2006-2011, dichas atribuciones pasaron plenamente al ámbito de Hacienda.
La Ley núm. 139-11 reforzó este proceso al prohibir por diez años la emisión de nuevas licencias de bancas de lotería y deportivas, con miras a frenar la expansión descontrolada del mercado, y ordenar que todas las existentes se registraran oficialmente para fines fiscales. Como resultado de estas medidas, la Dirección General de Impuestos Internos encabezó un plan de registro de bancas de apuestas, incorporando al registro formal cientos de establecimientos que operaban al margen o con permisos de otras instituciones, incrementando así la transparencia y el control en el sector.
En la segunda década del siglo XXI, la DCJA también amplió su campo de acción hacia las nuevas tecnologías y los estándares internacionales. Por un lado, tras la autorización legal de los juegos por Internet y vía telefónica en 2011, a través de la citada Ley núm. 139-11, se crearon los primeros requisitos para los juegos de azar en línea, adaptándose a las modalidades emergentes. Por otro lado, con la aprobación de la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en 2017 la DCJA fue reconocida formalmente como órgano supervisor del sector de juegos de azar en materia de prevención del lavado.
Esto supuso un fortalecimiento institucional significativo: la Dirección tuvo que integrar funciones orientadas a prevenir estos delitos, capacitar a los operadores en cumplimiento normativo y coordinar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades para detectar y sancionar actividades ilícitas. Se emitieron normas sectoriales específicas (vía resoluciones ministeriales) que obligan a casinos, bancas de lotería y deportivas a implementar controles contra el lavado de dinero, bajo la supervisión directa de la DCJA.
Hoy en día, la DCJA representa el resultado de décadas de evolución normativa y organizativa. Continúa trabajando en la actualización constante del marco regulatorio para responder a los desafíos del sector. Recientemente, se han emitido nuevas resoluciones para regular la operación de los juegos de azar por Internet, se han establecido regímenes sancionadores administrativos más rigurosos y se han modernizado los procesos de supervisión con apoyo de tecnología (por ejemplo, implementando sistemas de interconexión y monitoreo en tiempo real de las bancas). Asimismo, el Gobierno ha manifestado su voluntad de emprender reformas integrales que sustituyan la normativa fragmentada por una legislación más moderna y coherente con las mejores prácticas internacionales.
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda ha pasado de ser un ente focalizado en casinos turísticos a convertirse en la autoridad reguladora integral de todos los juegos de azar en la República Dominicana. Su historia refleja una respuesta institucional progresiva frente al crecimiento del sector de las apuestas, combinando control fiscal, ordenamiento legal y protección social. A través de las distintas etapas –desde la creación de la Comisión de Casinos en 1964, las expansiones normativas de 1988, 1999 y 2002, las reformas estructurales de 2006-2012, hasta los enfoques de seguridad financiera de 2017 en adelante– la DCJA ha evolucionado para cumplir su rol: garantizar que el sector de juegos de azar opere de manera legal, justa y transparente, minimizando los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo e incluso la ludopatía, en beneficio de la sociedad dominicana.